Progreso de la bajada de archivos en un programa P2P. (Imagen: AGENCIAS)

El mercado de Internet de productos digitales piratas está sustituyendo la venta ambulante, según se desprende del último estudio de intervenciones de propiedad intelectual e industrial de los cuerpos de seguridad del estado en 2008, presentado en la sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y realizado por diez ministerios, entre ellos Cultura, Industria, Turismo y Comercio e Interior.

En la presentación se hizo hincapié en que las intervenciones policiales de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual se ha incrementado casi un 10%, con 2.184, a pesar de que el mercado virtual está sustituyendo la aventa ambulante.El director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral, insistió en la necesidad de concienciar al ciudadano ya que España puede ser líder en contenidos digitales pero para ello hay que luchar contra la piratería.

Junto al informe sobre las intervenciones, se presentó un estudio sobre las características del mercado de falsificaciones en Internet en el que se destaca que la acción policial en la red se basa en investigaciones muy técnicas ya que los procedimientos para ofrecer los contenidos ilegales cambian muy rápidamente de acuerdo con las nuevas tecnologías.

Este mercado tiene una parte de descargas masivas de contenidos que vulneran los derechos de autor protegido, en el que el beneficio obtenido se consigue a través de publicidad contratada lo que hace que cuantas más visitas tenga el portal para efectuar descargas, más aumente el beneficio por publicidad.

En 2008 la policía inició 47 investigaciones sobre la vulneración de la propiedad intelectual por Internet y se produjeron 64 detenidos y se mantuvieron 8 investigaciones que comenzaron en los años 2006 y 2007 en las que hay 8 imputados.

Tras los pasos de los portales P2P

Las investigaciones de 2008 se han centrado en portales P2P de descarga de contenidos, de portales Keys que facilitan claves para neutralizar medidas de seguridad de descodificadores de televisión de pago; usurpación de software a partir de códigos fuentes cerrados y de empresas de instalación de software ilícito en equipos informáticos.

El estudio señala que la policía descubrió una página web con 81.000 registros de los que 14.000 contenían algún tipo de código malicioso.

En el año 2008 se abrió la investigación a dos páginas web que permiten ver en tiempo real obra audiovisual, sin necesidad de descarga, el llamado streaming, que generaron 30.000 euros de beneficio en un año.

Estas páginas contaban con 2.700 enlaces a obras audiovisuales susceptibles de descarga con 127.500 usuarios por página.

El estudio recoge un ejemplo real de una investigación realizada en el año 2007 en una página web de música, cine y software ilegal, que desde que se abrió hasta que se inició la investigación policial, generó 175.000 euros de beneficios en publicidad, 500.000 visitas al día y 200.000 usuarios registrados.

En la rueda de prensa, la directora general de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema) hizo un llamamiento para que no se compren productos farmacéuticos por Internet ya que pueden estar falsificados, no tienen ninguna garantía y pueden ser peligrosos para la salud.

Fuente: www.20minutos.es

Cuesta de las descargas. (Imagen: fmcabezadevaca)

El Senado francés aprobó por 189 votos a favor y 142 en contra la nueva versión de la ley ‘Creación e Internet’, bautizada como Hadopi 2, que pretende luchar contra las descargas ilegales en la Red. El texto fue modificado tras la censura del Consejo Constitucional de la parte más controvertida del texto que ponía en manos de una Alta autoridad y sin el visto bueno de un juez la potestad para desconectar al usuario de la Red en caso de infracción.

Los senadores adoptaron el nuevo texto en cinco horas, con el voto en contra de los socialistas, y la próxima etapa que deberá superar la ley será en la Asamblea Nacional, a donde llegará el próximo 21 de julio.

La Cámara Alta ha agregado una sola enmienda al nuevo proyecto, la que prevé que cualquier persona sospechosa o perseguida pueda ser convocada o escuchada por la Alta autoridad y contar con la presencia de un abogado. El nuevo ministro de Cultura, Fréderic Mitterrand, se felicitó de la conclusión de “esta etapa decisiva para la protección de los creadores”.

La nueva versión del texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un ‘e-mail’ advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.

Graves consecuencias

Si el internauta llegara a ser considerado como un “falsificador” se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y “eventualmente” verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de ‘fichados’. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos de las telecos.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas de contenidos protegidos.

Las personas que descargan y comparten música y contenidos audiovisuales “ilegales” están entre los compradores más activos de música y video legales, tanto online como offline, según afirma un estudio realizado por Ipsos.

La investigación, realizada a través de Internet entre 6.500 internautas de 12 países, ha obtenido los siguientes resultados:

El 44% admite utilizar páginas web “no oficiales” para bajarse música al menos una vez al mes. El dato equivalente para contenidos audiovisuales es del 38% y para videojuegos del 30%.

Los países con mayor nivel de piratería son China, India, Rusia, Emiratos Árabes, Brasil y España, que registra niveles de descargas y streaming desde páginas no oficiales muy superiores al de otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra.

Las personas que utilizan las páginas web no oficiales son también más propensas que la media al pago por contenidos musicales. El 72% de las personas que utilizan este tipo de páginas utilizan también canales de pago para los contenidos musicales mientras que entre el conjunto de internautas este porcentaje se sitúa en el 55%. El canal que más utilizan es la tienda física, el 62% de ellos compran CDs en tiendas al menos una vez al mes comparado con el 44% del total de internautas.

En lo referido a los contenidos audiovisuales y los videojuegos, las pautas de consumo son las mismas. Los que utilizan páginas web no oficiales son también más susceptibles de pagar para acceder a contenidos audiovisuales (81% frente al 55%) y son más numerosos en comprar DVDs en tiendas (67% frente al 44%).

Asimismo, el colectivo que se descarga videojuegos gratuitos desde páginas web no oficiales es más propenso al pago (77% frente al 42%) a través de los distintos canales a su alcance.

Francia aprobó en mayo de 2009 una ley para cortar el acceso a Internet por descargas ilegales.

La Comisión Europea (CE) celebró el rechazo del consejo constitucional de Francia de parte de la polémica ley francesa contra la pirateria en Internet, y manifestó que la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la propiedad intelectual se debe resolver a nivel nacional. “No es necesario instrumentalizar a Europa para eso, todavía tenemos jueces en los estados miembros”, declaró en rueda de prensa el portavoz comunitario Martin Selmayr.

El portavoz mostró la buena acogida de la CE a la decisión de la Corte Constitucional francesa de rechazar parte de la ley contra la piratería en Internet, al considerar que “sólo un juez podrá determinar la sanción” a los internautas que hagan descargas ilegales, y no una autoridad administrativa.

Precisamente este debate es objeto del único punto sobre el que el Parlamento Europeo y los países de la UE aún no han llegado a un acuerdo para aprobar definitivamente el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones.

La Eurocámara aprobó en mayo una enmienda que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario, pero que no se incluía en el texto de compromiso pactado con los gobiernos de la UE, lo que motivó el bloqueo de la totalidad del llamado “paquete” de las telecomunicaciones.

Un asunto de cuestión nacional

Selmayr recordó que la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha destacado “en diferentes ocasiones” que el equilibrio entre los derechos fundamentales de la propiedad intelectual y de la libertad de expresión “puede encontrarse fácilmente a nivel nacional”. “Saludamos pues la clarificación aportada por la Corte Constitucional francesa, que confirma la opinión de la Comisión de que este asunto ha de ser resuelto a nivel nacional”, destacó.

Así, señaló su esperanza por que esta resolución “ponga fin a un debate” que, durante los últimos meses, ha paralizado la nueva legislación comunitaria de este sector. “Demuestra, una vez más, que este asunto debe y puede ser resuelto a nivel nacional, porque la protección de los derechos fundamentales es algo que se gestiona a nivel nacional ya desde 1789″, agregó el portavoz, en referencia a la Declaración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del hombre, “anunciada en Francia y citada ayer también por la Corte Constitucional”.

Por último, Selmayr invitó a los ministros de Telecomunicaciones de la UE a “analizar esta sentencia con mucha prudencia y reflexionar sobre si ahora, cuando el 90 por ciento del paquete de las telecomunicaciones ha sido acordado, pueden llegar a un acuerdo sobre el último porcentaje”.

No obstante, fuentes de la presidencia checa de turno de la UE ya manifestaron que “sería una sorpresa” que los ministros aceptasen la legislación tal y como fue votada por el Parlamento Europeo, y apuntaron a que el asunto tendrá que pasar al “comité de conciliación” -proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian- en otoño para buscar una solución.