Cuesta de las descargas. (Imagen: fmcabezadevaca)

El Senado francés aprobó por 189 votos a favor y 142 en contra la nueva versión de la ley ‘Creación e Internet’, bautizada como Hadopi 2, que pretende luchar contra las descargas ilegales en la Red. El texto fue modificado tras la censura del Consejo Constitucional de la parte más controvertida del texto que ponía en manos de una Alta autoridad y sin el visto bueno de un juez la potestad para desconectar al usuario de la Red en caso de infracción.

Los senadores adoptaron el nuevo texto en cinco horas, con el voto en contra de los socialistas, y la próxima etapa que deberá superar la ley será en la Asamblea Nacional, a donde llegará el próximo 21 de julio.

La Cámara Alta ha agregado una sola enmienda al nuevo proyecto, la que prevé que cualquier persona sospechosa o perseguida pueda ser convocada o escuchada por la Alta autoridad y contar con la presencia de un abogado. El nuevo ministro de Cultura, Fréderic Mitterrand, se felicitó de la conclusión de “esta etapa decisiva para la protección de los creadores”.

La nueva versión del texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un ‘e-mail’ advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.

Graves consecuencias

Si el internauta llegara a ser considerado como un “falsificador” se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y “eventualmente” verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de ‘fichados’. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos de las telecos.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas de contenidos protegidos.

Francia aprobó en mayo de 2009 una ley para cortar el acceso a Internet por descargas ilegales.

La Comisión Europea (CE) celebró el rechazo del consejo constitucional de Francia de parte de la polémica ley francesa contra la pirateria en Internet, y manifestó que la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la propiedad intelectual se debe resolver a nivel nacional. “No es necesario instrumentalizar a Europa para eso, todavía tenemos jueces en los estados miembros”, declaró en rueda de prensa el portavoz comunitario Martin Selmayr.

El portavoz mostró la buena acogida de la CE a la decisión de la Corte Constitucional francesa de rechazar parte de la ley contra la piratería en Internet, al considerar que “sólo un juez podrá determinar la sanción” a los internautas que hagan descargas ilegales, y no una autoridad administrativa.

Precisamente este debate es objeto del único punto sobre el que el Parlamento Europeo y los países de la UE aún no han llegado a un acuerdo para aprobar definitivamente el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones.

La Eurocámara aprobó en mayo una enmienda que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario, pero que no se incluía en el texto de compromiso pactado con los gobiernos de la UE, lo que motivó el bloqueo de la totalidad del llamado “paquete” de las telecomunicaciones.

Un asunto de cuestión nacional

Selmayr recordó que la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha destacado “en diferentes ocasiones” que el equilibrio entre los derechos fundamentales de la propiedad intelectual y de la libertad de expresión “puede encontrarse fácilmente a nivel nacional”. “Saludamos pues la clarificación aportada por la Corte Constitucional francesa, que confirma la opinión de la Comisión de que este asunto ha de ser resuelto a nivel nacional”, destacó.

Así, señaló su esperanza por que esta resolución “ponga fin a un debate” que, durante los últimos meses, ha paralizado la nueva legislación comunitaria de este sector. “Demuestra, una vez más, que este asunto debe y puede ser resuelto a nivel nacional, porque la protección de los derechos fundamentales es algo que se gestiona a nivel nacional ya desde 1789″, agregó el portavoz, en referencia a la Declaración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del hombre, “anunciada en Francia y citada ayer también por la Corte Constitucional”.

Por último, Selmayr invitó a los ministros de Telecomunicaciones de la UE a “analizar esta sentencia con mucha prudencia y reflexionar sobre si ahora, cuando el 90 por ciento del paquete de las telecomunicaciones ha sido acordado, pueden llegar a un acuerdo sobre el último porcentaje”.

No obstante, fuentes de la presidencia checa de turno de la UE ya manifestaron que “sería una sorpresa” que los ministros aceptasen la legislación tal y como fue votada por el Parlamento Europeo, y apuntaron a que el asunto tendrá que pasar al “comité de conciliación” -proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian- en otoño para buscar una solución.