Mientras la Dian asegura que lo harán las personas que tengan un patrimonio superior a 2.000 millones de pesos, muchas de las grandes empresas nacionales ya se han blindado frente a este Impuesto. Al final, todos los estratos podrían terminar colocando su ‘granito de arena’. Amanecerá y veremos.

En recientes declaraciones el presidente Álvaro Uribe Vélez propuso que se excluyeran a quienes ya pagaron el Impuesto de Patrimonio. Además, se está estudiando que en el 2011 paguen el Impuesto de Guerra “aquellos patrimonios que consolidaron elevadas sumas al final de los años fiscales 2007, 2008 y 2009?, y cuyo propósito es garantizar la financiación de la seguridad democrática.

Para el ex ministro y columnista Rudolf Hommes

“Uribe se refiere a los aspectos más criticados de los estímulos tributarios para los ricos que su administración ha implantado. Propuso que la deducción del Impuesto de Renta cuando las empresas adquieren activos fijos productivos, como maquinaria, se reduzca del 40 al 30%, y que este beneficio no pueda acumularse con la reducción de impuesto y los demás beneficios tributarios que reciben las que operan en las nuevas zonas francas”.

Por su parte, el Contador Público y Columnista de Vanguardia Liberal, Gabriel Vásquez Tristancho afirma que

“Cambiar la estructura tributaria del país es un problema de largo plazo. En Colombia, el desarrollo tributario ha sido por los impuestos directos e indirectos, las tasas y las contribuciones, no son realmente de impacto en la carga tributaria de manera general, debido principalmente a que en la mayor parte de los casos son tributos de las entidades territoriales”

Frente a esto, la Dian asegura que alrededor de 9 mil personas pagarían el Impuesto al Patrimonio y esto podría verse reflejado en el proyecto de la Reforma Tributaria que radicará el Gobierno Nacional el próximo 20 de Julio. En la actualidad 7.400 personas con patrimonio superior a 3.000 millones de pesos pagan este tributo. Con la nueva formula, que se está planteando, las personas con patrimonio superior a 2.000 millones de pesos asumirán esta contribución una vez se apruebe el Proyecto.
Empresas se blindan contra el Impuesto de Patrimonio

Para el columnista de El Espectador Armando Montenegro cerca de 37 grandes empresas ya han firmado contratos de estabilidad tributaria con el Gobierno, por medio de los cuales quedan eximidas de contribuir para la seguridad y defensa a partir del año 2010. Además, muchas empresas están corriendo para firmar dichos contratos.

“El atractivo de estos contratos se elevó después de que el propio Gobierno dijo que iba a ser necesario acometer una nueva reforma tributaria para conseguir recursos para la seguridad. Así las cosas, es seguro que otro grupo de grandes empresas del país ya estará vacunado contra los nuevos tributos al final de este año”, afirma Montenegro en su columna.

De otro lado, el Contador Público y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel Alberto Mantilla asegura que fueron 42 empresas, todas grandes, las que firmaron ‘Contratos de Estabilidad Jurídica’, donde el Gobierno se compromete a no cambiar las reglas de juego vigentes en el momento de firmarlo.

“En teoría no se beneficiarían si el Gobierno llegara a bajar los impuestos; caso casi imposible”, afirma Mantilla.

Pero la moneda tiende dos caras y el analista económico Martín Garrido tiene su punto de vista al respecto

“Lo que anteriormente se afirma no lo veo con muy buenos ojos porque no hay equilibrio entre las diferentes clases sociales y sobretodo empresariales. Contratos de exclusion para los que más deberían contribuir con el fisco por ser los primeros y más beneficiados. Para muchos este no es un Gobierno de seguridad social sino de inversión para la guerra. Lo que han ganado grandes empresas, al final será pérdida para el resto de colombianos, por culpa de acuerdos previamente firmados”.

Entonces, ¿quiénes terminarán pagando el Impuesto?

La Dian insiste que nueve mil personas en el país tienen un patrimonio líquido superior a tres mil millones, las cuales podrían ser sujetos de la extensión del gravamen. El Gobierno ha planteando que se mantenga el impuesto para recaudar cerca de US$1 billón de dólares al año. Néstor Díaz, director de la entidad, es partidario de reducir la tarifa del 1,2% y que el gravamen sea temporal. La propuesta protegerá a personas con alto nivel de endeudamiento.

Por otra parte, las cifras indican que durante el primer semestre del año el recaudo tributario podría haber llegado a $34,37 billones, lo que supera en $200 mil millones la meta propuesta, con un crecimiento de la economía entre 0,5 y 1,5% (según cifras publicadas en El Espectador).

Pero en este tira y afloje, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, entidad que recomendó al Gobierno sustituir el actual Impuesto al Patrimonio, por un tributo que se cobre a la clase media, sugiere aplicar el impuesto a patrimonios netos superiores a los 200 millones de pesos.

Hasta el 2010, el tributo a la guerra lo pagarán más de 7.400 empresas y personas naturales con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos. Sergio Clavijo, presidente de Anif, recomendó aplicar una tarifa entre el 0,5 al 0,7%. Con este ajuste cerca de 350.000 colombianos pagaran el gravamen que el Gobierno plantea para financiar la política de la seguridad democrática a partir del 2011.
Todos los estratos podrían jugar

Otro punto de vista sobre este tema plantea que la clase media colombiana también se beneficia y no habría porque excluirla del pago del Impuesto al Patrimonio. Además, las necesidades que tiene la Reforma Tributaria pueden llegar a ser tan grandes que a lo mejor todos los colombianos tendrán que aportar. El mismo ex ministro Hommes dice que se podría bajar el monto al patrimonio a partir del cual se debe pagar y ampliar la base para abarcar los estratos tres, cuatro, cinco y seis. Manejar patrimonios de 200 o 300 millones de pesos.

Martín Garrido se muestra muy crítico sobre la posición anterior

“Eso es como los que dicen que se deben incluir patrimonios desde 500 millones de pesos comenzando con una tarifa baja del 0.4 o 0.8%, la cual paulatinamente se vaya aumentando hasta gravar a quienes más tienen. Eso no es algo sano para la clase media. ¿Por qué tienen que terminar pagando las personas que no se benefician con exenciones tributarias otorgados a través de contratos de zonas francas?”.

Fuente: www.actualicese.com

Lo que se busca con las Jornadas es fomentar las ventas y compras legales, para tener aliados de una gestión donde el recaudo del IVA permite un mayor desarrollo para el país.
Las Jornadas Nacionales de Facturación serán pedagógicas al principio y luego habrán sanciones.
Los colombianos asumen que solo los grandes negocios son los que facturan

Desde el día de ayer la DIAN comenzó con las Jornadas Nacionales de Facturación, con el firme propósito de que todos los colombianos pidan la factura cuando compren algún tipo de bien o servicio, y que los comerciantes expidan la factura.

La DIAN estima que hasta la fecha, la evasión del IVA alcanza la suma de cuatro billones de pesos y por esta razón las visitas iniciales a los establecimientos comerciales serán pedagógicas, pero con el tiempo ya se comenzarán a implantar sanciones.

Pero, ¿por qué los colombianos no pedimos la factura cuando compramos algo?
“Lo que pasa es que la principal ‘escuela’ en la que hacemos nuestras primeras compras son las tiendas de barrio, y esas, al decir que pertenecen al régimen simplificado no nos dan factura. Desde ahí los colombianos empiezan a asumir que no es un requisito que los negocios facturen. Solo asumen que los grandes negocios son los que facturan. Es decir que siempre están pendientes de pedir la factura cuando se va a comprar el televisor, la nevera o los muebles, para pedir la garantía.”, afirma el Contador Público Diego Hernán Guevara.

De igual manera, las mismas personas son las que no quieren que se le cobre el IVA, y por esta razón es que se van a los ‘San Andresito’ de cada ciudad. Ellos saben que en esos lugares ningún comerciante factura, y por tanto, les cobrarán sin IVA.

“Los colombianos tienen pensamiento egoista: quieren es que el dinero les rinda a ellos, pero no que le llegue al Estado para hacer obras públicas”, agrega Guevara.
Visitas pedagógicas primero, sanciones después

La campaña de la DIAN está respaldada con el lema: La factura está viva, porque la factura vive con el IVA y con el IVA vive el desarrollo de los colombianos. Tenga en cuenta que al principio, los funcionarios de la entidad harán visitas más pedagógicas que fiscales, pero en el transcurso de los meses los controles tendrán los efectos sancionatorios previstos en la Ley.

Cerca de 8.000 funcionarios se meterán de lleno en esta campaña. La Policía Fiscal Aduanera también estará en este plan para poner ‘cara a cara’ a comerciantes y consumidores y decirles que expidan la factura a unos, y que la exijan a los otros. Primero, recibirán consejo acerca de la importancia de la factura, un material impreso con información técnica y publicitaria sobre la campaña. También llevarán un registro sobre la facturación que está siendo utilizada y su legalidad.

De igual manera, se conformará un cuerpo élite que reaccione ante las denuncias ciudadanas sobre la ausencia de facturación. Los funcionarios, entonces, iniciarán los procedimientos legales para que se cierren los establecimientos hasta por 30 días.

“Lo importante de todo este proceso es que el comprador tome conciencia y exija la factura para que obligue a los locales comerciales a que no evadir impuestos”, afirma la Contadora Pública Myrian Ávila.

Néstor Díaz Saavedra, director general de la DIAN, destacó en el portal de la entidad que la factura reporta un triple beneficio, además de ser un vínculo esencial entre la relación Estado – Ciudadano. De un lado, el empresario o comerciante organiza su negocio y determina su rentabilidad; el comprador o consumidor acredita la propiedad del bien y su garantía; y el Estado recibe el impuesto con el cual desarrolla la inversión social.

Díaz destacó que lo que se busca con las Jornadas es fomentar la práctica de ventas y compras legales y encontrar en ellos aliados de una gestión donde el recaudo del IVA permite un
mayor desarrollo para el país a través de la inversión social, sin contar con otros beneficios como la competencia leal y los servicios de garantía y post venta.

Chip vs. Evasión

De la mano con los controles, la Dian busca tecnificarse gracias a medios electrónicos como chips incorporados a máquinas registradoras y verificación de documentos en línea. Al menos 5.000 establecimientos de los 412.000 responsables del IVA podrían ser los primeros en contar con el chip que remplazaría la factura, como se afirma en El Espectador.

Un dato

“Un punto de evasión en IVA vale alrededor de 400 millones de pesos. La aspiración es llevar esa evasión a un 10% o 14%, que es lo que se tiene en países de mejor cultura tributaria”, Néstor Díaz Saavedra, director general de la DIAN.