Mientras la Dian asegura que lo harán las personas que tengan un patrimonio superior a 2.000 millones de pesos, muchas de las grandes empresas nacionales ya se han blindado frente a este Impuesto. Al final, todos los estratos podrían terminar colocando su ‘granito de arena’. Amanecerá y veremos.

En recientes declaraciones el presidente Álvaro Uribe Vélez propuso que se excluyeran a quienes ya pagaron el Impuesto de Patrimonio. Además, se está estudiando que en el 2011 paguen el Impuesto de Guerra “aquellos patrimonios que consolidaron elevadas sumas al final de los años fiscales 2007, 2008 y 2009?, y cuyo propósito es garantizar la financiación de la seguridad democrática.

Para el ex ministro y columnista Rudolf Hommes

“Uribe se refiere a los aspectos más criticados de los estímulos tributarios para los ricos que su administración ha implantado. Propuso que la deducción del Impuesto de Renta cuando las empresas adquieren activos fijos productivos, como maquinaria, se reduzca del 40 al 30%, y que este beneficio no pueda acumularse con la reducción de impuesto y los demás beneficios tributarios que reciben las que operan en las nuevas zonas francas”.

Por su parte, el Contador Público y Columnista de Vanguardia Liberal, Gabriel Vásquez Tristancho afirma que

“Cambiar la estructura tributaria del país es un problema de largo plazo. En Colombia, el desarrollo tributario ha sido por los impuestos directos e indirectos, las tasas y las contribuciones, no son realmente de impacto en la carga tributaria de manera general, debido principalmente a que en la mayor parte de los casos son tributos de las entidades territoriales”

Frente a esto, la Dian asegura que alrededor de 9 mil personas pagarían el Impuesto al Patrimonio y esto podría verse reflejado en el proyecto de la Reforma Tributaria que radicará el Gobierno Nacional el próximo 20 de Julio. En la actualidad 7.400 personas con patrimonio superior a 3.000 millones de pesos pagan este tributo. Con la nueva formula, que se está planteando, las personas con patrimonio superior a 2.000 millones de pesos asumirán esta contribución una vez se apruebe el Proyecto.
Empresas se blindan contra el Impuesto de Patrimonio

Para el columnista de El Espectador Armando Montenegro cerca de 37 grandes empresas ya han firmado contratos de estabilidad tributaria con el Gobierno, por medio de los cuales quedan eximidas de contribuir para la seguridad y defensa a partir del año 2010. Además, muchas empresas están corriendo para firmar dichos contratos.

“El atractivo de estos contratos se elevó después de que el propio Gobierno dijo que iba a ser necesario acometer una nueva reforma tributaria para conseguir recursos para la seguridad. Así las cosas, es seguro que otro grupo de grandes empresas del país ya estará vacunado contra los nuevos tributos al final de este año”, afirma Montenegro en su columna.

De otro lado, el Contador Público y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel Alberto Mantilla asegura que fueron 42 empresas, todas grandes, las que firmaron ‘Contratos de Estabilidad Jurídica’, donde el Gobierno se compromete a no cambiar las reglas de juego vigentes en el momento de firmarlo.

“En teoría no se beneficiarían si el Gobierno llegara a bajar los impuestos; caso casi imposible”, afirma Mantilla.

Pero la moneda tiende dos caras y el analista económico Martín Garrido tiene su punto de vista al respecto

“Lo que anteriormente se afirma no lo veo con muy buenos ojos porque no hay equilibrio entre las diferentes clases sociales y sobretodo empresariales. Contratos de exclusion para los que más deberían contribuir con el fisco por ser los primeros y más beneficiados. Para muchos este no es un Gobierno de seguridad social sino de inversión para la guerra. Lo que han ganado grandes empresas, al final será pérdida para el resto de colombianos, por culpa de acuerdos previamente firmados”.

Entonces, ¿quiénes terminarán pagando el Impuesto?

La Dian insiste que nueve mil personas en el país tienen un patrimonio líquido superior a tres mil millones, las cuales podrían ser sujetos de la extensión del gravamen. El Gobierno ha planteando que se mantenga el impuesto para recaudar cerca de US$1 billón de dólares al año. Néstor Díaz, director de la entidad, es partidario de reducir la tarifa del 1,2% y que el gravamen sea temporal. La propuesta protegerá a personas con alto nivel de endeudamiento.

Por otra parte, las cifras indican que durante el primer semestre del año el recaudo tributario podría haber llegado a $34,37 billones, lo que supera en $200 mil millones la meta propuesta, con un crecimiento de la economía entre 0,5 y 1,5% (según cifras publicadas en El Espectador).

Pero en este tira y afloje, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, entidad que recomendó al Gobierno sustituir el actual Impuesto al Patrimonio, por un tributo que se cobre a la clase media, sugiere aplicar el impuesto a patrimonios netos superiores a los 200 millones de pesos.

Hasta el 2010, el tributo a la guerra lo pagarán más de 7.400 empresas y personas naturales con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos. Sergio Clavijo, presidente de Anif, recomendó aplicar una tarifa entre el 0,5 al 0,7%. Con este ajuste cerca de 350.000 colombianos pagaran el gravamen que el Gobierno plantea para financiar la política de la seguridad democrática a partir del 2011.
Todos los estratos podrían jugar

Otro punto de vista sobre este tema plantea que la clase media colombiana también se beneficia y no habría porque excluirla del pago del Impuesto al Patrimonio. Además, las necesidades que tiene la Reforma Tributaria pueden llegar a ser tan grandes que a lo mejor todos los colombianos tendrán que aportar. El mismo ex ministro Hommes dice que se podría bajar el monto al patrimonio a partir del cual se debe pagar y ampliar la base para abarcar los estratos tres, cuatro, cinco y seis. Manejar patrimonios de 200 o 300 millones de pesos.

Martín Garrido se muestra muy crítico sobre la posición anterior

“Eso es como los que dicen que se deben incluir patrimonios desde 500 millones de pesos comenzando con una tarifa baja del 0.4 o 0.8%, la cual paulatinamente se vaya aumentando hasta gravar a quienes más tienen. Eso no es algo sano para la clase media. ¿Por qué tienen que terminar pagando las personas que no se benefician con exenciones tributarias otorgados a través de contratos de zonas francas?”.

Fuente: www.actualicese.com

Expertos dicen que hablar de evasión no es apropiado, porque esto se constituye en una afirmación, sino que hay que hablar de eludir. Mientras unos dicen que la plata de los tributos se va a otros países, otros piensan que esto es falso y que lo que realmente se debe combatir es el problema que se tiene con la carga tributaria.

Si hay algo que deberá tener presente el Gobierno a la hora de presentar la nueva Reforma Tributaria es que el actual régimen tributario permite que muchas empresas evadan o eludan el pago de los tributos. Por lo menos así lo piensa la senadora liberal Cecilia López Montaño cuando se le preguntó del tema en Vanguardia Liberal.

“Muchas empresas exportadoras crean comercializadoras outsourcing en el exterior, exportan a esos países sin el pago de impuestos y reportan ante la Dian precios muy bajos de los productos para después reportar a otros destinos, allí sí con el valor real de las mercancías. En conclusión, la plata de los tributos se va para otro país”.

Sin embargo para el Contador Público y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel Alberto Mantilla el anterior es un punto de vista totalmente falso.

“Las empresas colombianas no evaden el pago de los tributos, eso está claro. Son las más interesadas en hacerlo. Quienes evaden el pago de los tributos precisamente lo hacen por fuera de la actividad empresarial. Mi preocupación es que la carga tributaria está, precisamente en las empresas, y ello les dificulta ser competitivas, generar empleo e inversión. La carga tributaria no está llegando a quienes están por fuera de la actividad empresarial y, además del no-pago de impuestos, compiten de manera desleal: tienen unas ventajas en costos que no tienen las empresas y ello, pienso yo, es lo que se debe combatir”, dice.

Además, en cuanto a lo que se refiere que el dinero va a parar a otros países, Mantilla asegura que esto no es necesariamente cierto, pero piensa que es posible que algunos funcionarios corruptos se roben algunos dineros y los trasladen a otros países. Sin embargo el problema de fondo está en el gasto fiscal, ya que ahora las cosas se están volviendo más complicadas porque los tribunales, especialmente las Altas Cortes, y los legisladores, ordenan gastos sin saber de dónde salen los dineros para cubrirlos. El gobierno, para cumplir, quita a un sector para hacer los pagos, pero el problema se mantiene.
Evadir no, eludir sí

Una posición más neutral es la que presenta Vladimir Martínez R, miembro del equipo de auditores Nasaudit.

“Hablar de evasión no es apropiado en razón a que esto se constituye en una afirmación. Es más apropiado hablar de eludir y esto se debe a que las normas permiten interpretaciones. Para impedir esta situación se debe construir una reforma tributaria bien elaborada que recoja la normatividad actual para que sea muy bien estudiada antes de su aprobación, es decir, que sea algo similar a los USGAAP que no dan lugar a interpretaciones”, afirma.

Eliminar todo lo que deja un hueco fiscal

Surge entonces la inquietud de que si sería inteligente pensar en eliminar los aportes parafiscales, estandarizar las tarifas y eliminar múltiples exenciones tributarias que dejan un hueco fiscal.

“Antes de pensar en reducción o unificación, se debe hacer el presupuesto de la Nación reduciendo al máximo los gastos sin afectar el desarrollo del país. Debe manejarse como cualquier empresa del orden privado exitosa”, dice Martínez.

Y enfatiza que el Gobierno debe tener en cuenta el monto del déficit fiscal y el gasto proyectado a mediano o largo plazo, incluida la reducción de este último, pero sin afectar la inversión social, infraestructura y seguridad con el fin de cubrir y asegurar la financiación del Estado sin hacer reformas anuales.

Por su parte Mantilla piensa que lo relacionado con los aportes parafiscales es un problema diferente ya que se relaciona directamente con la nómina. Por otra parte, si hubiera equidad en el gasto, si los dineros públicos se utilizaran bajo procesos estrictos de gobierno corporativo, si el ciudadano viera que sus impuestos están retribuidos con mejor calidad de vida, seguridad social, transporte, etc., pues sencillamente el ciudadano estaría de acuerdo con eliminar los aportes parafiscales. Pero recortarlos sin arreglar lo otro, lo único que hace es reducir el salario y ello va en detrimento de la calidad de vida. Así que la disciplina en el gasto es clave.

“Diferente a ello es lo relacionado con las exenciones, dado que favorecen a algunos sectores, ‘para que no paguen impuestos’, pero ello no se ve en incentivar el desarrollo económico, el empleo, la inversión. Por lo tanto, lo que hay es inequidad: unos pagan y otros se favorecen”, afirma.

Recaudo eficiente

Lo que sí hay que tener presente es que se debe mejorar la eficiencia a la hora de hablar del recaudo, el cual está amenazado por una cantidad de exenciones tributarias.

“Aunque ha habido pasos importantes en reducir la evasión en renta hasta un 30% y las del IVA a un 21%, el problema es que la base tributaria se ha ido reduciendo por cuenta de las exenciones. Colombia tiene un promedio inferior al 17% cuando se habla de Recaudo/PIB”, afirma la Contadora Pública, Julieta Aristizábal.

Fuente: www.actualicese.com

El Mandatario reveló que la propuesta hace parte del paquete de ajustes que el Gobierno pondrá a consideración del Legislativo el próximo 20 de julio, junto con el proyecto para garantizar la financiación de la Seguridad Democrática, dice el comunicado de Presidencia.

“Entre los correctivos que nosotros hemos pensado introducir están los siguientes: además de pedir un esfuerzo a los sectores más pudientes para la Seguridad Democrática, también hacer un tema en el ajuste a lo que es la deducción por inversiones, en lo que ha sido el estímulo tributario desde 2003 a la reinversión de utilidades”, reveló el Presidente Uribe en la celebración de los 80 años del mercado de capitales en el país y de los 8 años de la Bolsa de Colombia.

El Jefe de Estado recordó que inicialmente este beneficio era del 30 por ciento, lo cual se constituía en un estímulo suficiente a la inversión, según el Gobierno. Sin embargo, en el 2006 el Legislativo decidió elevar esta deducción al 40 por ciento.

Según el comunicado de la Casa de Nariño, al hacer el anuncio, el Presidente Uribe dijo que en concepto del Gobierno, la deducción del 30 por ciento, introducida en el año 2003, beneficia las condiciones de atracción de inversión y contribuye en el frente fiscal.

“El momento fiscal también nos exige estar repensando estos temas sin afectar lo fundamental. Por eso creemos que no deterioramos el atractivo de inversión regresando esa deducción del 40 al 30 por ciento, y que nos puede ayudar muchísimo en el frente fiscal”, subrayó el Mandatario.

Así mismo, reveló que el Gobierno presentará al Congreso ajustes en los contratos de estabilidad fiscal, tema donde el Gobierno propone impedir que se le dé estabilidad a la acumulación entre el beneficio de zona franca y la deducción del 40 por ciento.

Agregó que también se va a proponer que de ninguna manera en los nuevos acuerdos con inversionistas se pueda dar estabilidad jurídica a lo que sean tasas patrimoniales transitorias, para poder financiar problemas de coyuntura.

El Presidente Uribe fue enfático en afirmar que los ajustes que se vayan a introducir en el frente tributario se harán con buen juicio, pero también con celeridad.

Recalcó que en materia tributaria lo fundamental es mantener la estabilidad en las normas tributarias y laborales, sin perjuicio de ajustes.

“Los países tienen que tener una visión clara y trabajar para que las mayorías populares la acompañen. Repetirla todos los días, estarla ajustando y no caer en el extremo del estancamiento, ni en el extremo de los bandazos”, puntualizó el Jefe de Estado.

Fuente: El Espectador